¿Qué es la “denuncia segura”?
El acceso a la justicia debe estar garantizado para todas las personas, pero ¿sabías que si una persona migrante sufre un delito y quieren denunciarlo en lugar de ser protegida pueden ser sancionada y expulsada del país si aún no cuenta con una autorización de residencia?
Como sociedad no podemos permitir que personas que sufren un delito o un abuso no puedan denunciarlo. Este es un ejemplo más de la falta de protección de los derechos de las personas migrantes.
Con presión ciudadana, podemos cambiarlo. Pedimos al Gobierno que garantice el acceso a la justicia de todas las víctimas de un delito.
Para lograrlo te animamos que sigas el trabajo de:
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¿Todas las personas pueden acceder a la justicia?
El acceso a la justicia es un derecho fundamental. Según el Estatuto de la Víctima del Delito toda víctima, sin discriminación, con independencia de su situación administrativa. tienen derecho a:
- la protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación,
- la participación activa en el proceso penal
- a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas
Sin embargo, en la práctica, las personas que aún no tienen autorizaciones de residencia y son víctimas de un delito, cuando van a denunciarlo pueden ser sancionadas o expulsadas del país.
¿Qué es la “denuncia segura”?
Cuando hablamos de denuncia segura nos estamos refiriendo las medidas que el Estado debe establecer para que las personas que han sido víctimas de un delito, independientemente de su situación administrativa, tengan la protección y la seguridad necesarias para garantizar el acceso a la justicia.
¿Por qué esto es importante?
En primer lugar por el acceso a la justicia es un derecho fundamental. Con mecanismos que permitan la denuncia segura garantizamos que se puedan denunciar violaciones de derechos humanos, discriminaciones, y otras injusticia sin temor a sufrir consecuencias como la apertura de un expediente de expulsión como puede suceder con las personas migrantes.
En segundo lugar, porque se combate la “infradenuncia”. Con “infradenuncia” nos referimos al fenómeno que se produce cuando una persona o grupo de personas son víctimas de un delito y por diferentes razones no es denunciado ante las autoridades competentes. Esto se produce por miedo a la persona agresora, a su entorno o a la revictimización, por la desconfianza en las autoridades, por la falta de conocimiento sobre cómo denunciar el delito de forma de segura o por la percepción de que la denuncia no llevará a ninguna acción.
“El miedo a que tras la denuncia se emita una orden de expulsión es un obstáculo para el acceso a la justicia”
¿Qué brechas tiene la “denuncia segura” en España?
Según el Informe “Migración y denuncia segura” publicado por Red Acoge, Andalucía Acoge y la Fundación CEPAIM, la limitación del acceso seguro a la justicia para víctimas de delitos que no tengan autorización de residencia viene dada por una normativa de extranjería que antepone la situación administrativa de las personas extranjeras frente a la protección y garantía de sus derechos. Es más importante si las personas viven en situación irregular, que el delito que hayan podido sufrir.
Existe por tanto controversia entre la Ley de Extranjería y otras normativas que reconocen la protección a todas las personas que tengan o no residencia legal, como puede ser el Estatuto de la Víctima de Delito o la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.
Las citadas organizaciones denuncian que las personas sin autorización de residencia enfrentan además una doble desprotección, no pueden acceder a la justicia y en muchos casos, enfrentan otras barreras como un limitado dominio del idioma local o falta de conocimientos de las leyes y derechos que tienen.
“Imagínate, soy víctima de un delito, me atrevo a ir a una comisaría y allí me abren una orden de expulsión y ahora vivo otra batalla legal para que no me expulsen” – C.B.
¿Cómo se podría garantizar la denuncia segura?
Estos son algunos de los mecanismos puestos en marcha en otros países europeos. En ocasiones estos mecanismos persiguen la protección de datos y la implantación de cortafuegos como mecanismo de denuncia segura para las personas en situación administrativa irregular. Otras prácticas regulan la denuncia anónima o por terceros y, en otras ocasiones, se regula el reconocimiento de especial protección para víctimas de determinados delitos.
- Free in, free out. Implantada en Países Bajos primero a nivel local y después a nivel nacional, este mecanismo de entrada libre y salida libre permite a las personas en situación administrativa irregular acudir a una comisaría para denunciar un delito y salir libremente de ella sin ser detenidas ni enfrentarse a una posible expulsión. Esta política no está incluida en la legislación nacional sino que se regula a través de diversas instrucciones de trabajo internas.
- “No preguntar, no decir”. La policía integrada belga (incluye policía federal y policía local) en la región de Bruselas Capital y Valonia aplica una política de “no preguntar, no decir” evitando verificar con la Oficina de Inmigración las identidades de las personas migrantes de las que sospechan puedan estar en situación administrativa irregular.
- Bélgica – El “procedimiento de víctima” para víctimas de trata de personas es un mecanismo por el que las víctimas pueden adquirir una residencia legal de forma temporal si cooperan con las autoridades en la lucha contra el delito. Es un procedimiento que no puede ser solicitado por la propia víctima, solo es accesible para víctimas de trata de personas y tráfico ilícito con circunstancias agravantes, aunque la medida no siempre es eficaz y depende, en gran medida, de los funcionarios que prestan la atención.
- Irlanda – Tras la implementación de la Directiva europea sobre derechos de las víctimas, en Irlanda la policía nacional aplica una política de no discriminación de las víctimas de violencia sexual o víctimas de trata.
- Italia – En Italia existe un permiso especial para víctimas de trata de explotación sexual y trata de personas cometido por organizaciones criminales. No obstante, este permiso no se concede si el delito está cometido por un solo individuo.
- Francia – Desde julio de 2010 la Ley sobre Violencia contra la mujer establece una orden de protección que obliga a las prefecturas a proporcionar una tarjeta de residencia temporal, válida por un año y renovable, a las mujeres víctimas de violencia sin importar su estatus migratorio. Además, si el autor es condenado, la víctima debe obtener una tarjeta de residencia permanente. Las organizaciones piden que se ponga fin a la discrecionalidad de las prefecturas y que se otorguen permisos de residencia para todas las víctimas de violencia de género, no sólo las de violencia conyugal.
- España – La legislación española contempla que, a determinadas víctimas de delitos, como a las víctimas de trata de personas, las víctimas de violencia de género y las víctimas de violencia sexual, no se les inicie un procedimiento de sanción o expulsión. Sin embargo, las órdenes de expulsión pueden reactivarse cuando el procedimiento penal haya finalizado si no hay condena de los agresores. Esta salvaguarda además no se aplica a otros delitos.
En el caso de Cataluña existen unas guías o protocolos – que no son públicos – que crean un ambiente favorable para la denuncia segura. Según esas guías, la policía autonómica (Mossos d’esquadra) solo comunican la situación administrativa irregular a la Policía Nacional cuando la persona ha sido detenida o identificada en la comisión de un delito. Según la investigación realizada en el proyecto “Victims with irregular Status. Safe reporting crime (VISA RoC) las personas migrantes desconocen la existencia de este protocolo y tienen miedo a acudir a la policía.
Enlaces de interés
- En el Informe Migración y Denuncia Segura puedes conocer las diferentes experiencias europeas y los retos para el desarrollo de denuncia segura para víctimas de delitos en situación administrativa irregular. Está publicado por Red Acoge, PICUM, Andalucía Acoge y Convive Fundación Cepaim.
- La Universidad de Barcelona coordinó el proyecto Safe Reporting VISA RoC (Victims with Irregular Migration Status’ Safe Reporting of Crimes. El proyecto analiza la situación de la denuncia segura en ciudades como Barcelona, Milán, Utrecht o Gante.
- Conoce el trabajo de PICUM, la red de organizaciones que trabajan para garantizar la justicia social y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes indocumentadas.
